El curso arranca con un nuevo actor en los centros educativos: la del coordinador de bienestar y protección (CBP). Se trata de una figura que establece la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia Frente a la Violencia (LOPIVI) y que —grosso modo- se encarga de encabezar las actuaciones del centro en materia de abusos, salud mental, problemas socioeconómicos o de diversa índole entre los alumnos. Es la apuesta del gobierno para tratar de paliar datos tan preocupantes como los de la UNESCO en 2020, que alertan de que 1 de cada 3 estudiantes es víctima de acoso.
A pesar de que la norma indica que, desde septiembre de este año, el coordinador de bienestar ya ha de ser una realidad en colegios e institutos, lo cierto es que el arranque está siendo algo lento. La falta de concreción de la LOPIVI a la hora de fijar el perfil formativo de este profesional unida al poco tiempo y recursos de los centros está haciendo que, en muchos casos, sea complicado encontrar voluntarios que se postulen a ocupar el puesto y, finalmente, el trabajo se encargue a un docente al azar, al orientador o a quien se encargaba hasta el momento de coordinar los planes de convivencia. Estas cuestiones quedan en manos de las comunidades autónomas. En Madrid, por ejemplo, la administración no pagará ningún tipo de complemento a quienes ejerzan como CBP.
Esta situación no ha gustado a los sindicatos, que denuncian el aumento de la carga de trabajo de los profesores y la asignación de tareas para las que, en muchos casos, no están preparados. Maribel Loranca, secretaria del sector de enseñanza de UGT, defiende que «la idea es buena y la figura, necesaria. Otra cosa es que, efectivamente, la propia ley deja el desarrollo de la mayoría de las cuestiones en manos de las comunidades autónomas y es ahí donde no estamos de acuerdo». Critica que «la mayoría de administraciones no está haciendo ningún esfuerzo y están encargándole el trabajo a quienes se han encargado hasta ahora, casi siempre sin medios ni recursos, a coordinar los planes de convivencia».
Insiste en que es necesario hacer una apuesta en formación y en recursos: «si se quiere hacer con rigor y garantías, tiene que haber un refuerzo generalizado de los departamentos de orientación porque el CBP tendrá que trabajar íntimamente con ellos y están infradotados. No es aceptable un ratio de un orientador por cada 1.000 alumnos». Denuncia que «no se puede añadir y cargar a los docentes con funciones nuevas y menos si ni siquiera está preparados para ellas. Hay que establecer un plan de formación para que toda la comunidad educativa se sienta implicada activamente en esas tareas». Además, desde UGT exigen que el coordinador de bienestar «es una figura específica, por lo que no sirve con liberar de unas horas lectivas a un docente del centro, sino que habrá que ver su formación».
Los sindicatos denuncian el aumento de la carga de trabajo de los profesores y la asignación de tareas para las que, en muchos casos, no están preparados
Precisamente el perfil del CBP y su background es una de las incógnitas que más debate han suscitado en los últimos días y son muchos quienes no ven con buenos ojos que la ley no sea más concreta con respecto a quiénes pueden asumir este cargo. UGT considera que «hay varios perfiles profesionales que podrían desarrollar esta labor con garantías. Uno de ellos ya está dentro del sistema educativo y son los compañeros de la especialidad de servicios a la comunidad, vinculados a los departamentos de orientación». Loranca aclara que «esto no quiere decir que sea el único perfil, también pueden cumplir con la tarea otros, como psicopedagogos, pedagogos, o educadores sociales».
Muchos perfiles aptos para un mismo puesto
Nacho Guadix, responsable de educación de UNICEF reconoce que están preocupados por cómo ha comenzado el curso. Nos cuenta que «aunque por ley se obliga a que este curso se inicia con este perfil ya en funcionamiento, lo que estamos viendo es que hay apenas unas órdenes con unas instrucciones, algunas indicaciones o normativas y unas formaciones muy básicas y tímidas, que quizá valen más para una cuestión de sensibilización general y no para el desempeño de este puesto». Considera que es necesario «acelerar y dotar de recursos y de fortaleza a esta figura porque es importante. No pensamos que sea un capricho, sino que creemos que es necesaria y más cuando estamos en un contexto de crisis socioeconómica, empalmando con una crisis del COVID que también nos mostró que la escuela tiene una función de protección fundamental».
En UNICEF apuestan por que el CBP se dedique, sobre todo, a la prevención: «creemos que tiene que invertir en ello un 80% de su tiempo. Hablamos de planes de convivencia, formación de compañeros, relación con las familias, dar a conocer el servicio. Un 15% se dedicaría a la atención de casos tempranos, a la detección de los problemas más incipientes. Un 5% sería para la reparación hacia las víctimas. Si no se hacen las cosas así, la pirámide se invierta y un 80% del tiempo pasa a la gestión de casos graves, con profesionales desbordados y con la sensación de falta de apoyo».
Sobre la formación, Guadix hace hincapié en que «es fundamental para reconocer los distintos tipos de violencia que sufre la infancia. Si sabes reconocer los síntomas, tendrás detrás una red de ayuda que sabrá que hacer». Desde UNICEF, «abogamos por que haya una formación habilitante para los coordinadores de bienestar y protección. Todas las personas que estén ocupando este puesto tienen que tener una formación suficientemente amplia que les proporcione las bases necesarias para que puedan actuar bien». Nacho Guadix advierte de que «exponer a profesionales a estar responsabilidad sin estar formados también es un riesgo para ellos, para su reputación personal y la del centro, además de la situación de desprotección que pueden estar generando por una mala praxis». Además de la formación, los CBP requieren de «un tiempo de dedicación y un reconocimiento. En algunos sitios no se está dotando de tiempo material y así no vamos a avanzar».
Ramiro A. Ortegón es director del Máster de Formación Permanente en Acoso Escolar: prevención, detección y actuación de UNIR y presidente de la Plataforma PDA Bullying. A su juicio, la preparación de los coordinadores de bienestar tiene varias aristas. Una de ellas, relacionada con el liderazgo de equipos y la coordinación de estrategias globales de centro: «no es lo mismo ser docente y ver las estrategias académicas de una asignatura, que la de convivencia global. Esto tiene que tener una mirada muy directiva, por lo que también podría servir la formación en organización y dirección de centros». Por supuesto, este no sería el único foco, sino que hace referencia también a que esté preparado «para el abordaje de situaciones de conflicto y acompañamiento de procesos y complicidad emocional, bien sea por bullying, abusos sexuales u otras situaciones». Reconoce que «no hablamos de una figura profesional única. De hecho, la ley no dice que tenga que ser un educador social o un maestro. Deja demasiado margen en mi opinión. Lo importante es que sean personas que formen parte de la comunidad educativa, que tengan una formación en liderazgo de equipos en un entorno educativos y que sean capaces de llevar a cabo el acompañamiento en procesos de reparación».
Los trabajadores sociales se postulan como candidatos a ser CBP
Desde las distintas organizaciones y asociaciones profesionales también se han pronunciado sobre los primeros pasos del CBP. Es el caso del Consejo General del Trabajo Social, desde donde se ha instado a las administraciones a que se considere a los trabajadores sociales «como figura de referencia para ejercer de coordinador de bienestar y protección en los centros educativos». Loles Soler, miembro de la comisión de educación del Consejo y asesora de Nuestras Voces nos explica que su petición se fundamenta «en que los especialistas de Trabajo Social en Educación tienen la formación universitaria, las habilidades y las competencias idóneas para cumplir eficazmente las funciones de la LOPIVI». Asegura de que estos profesionales «son conocedores de la realidad socioeducativa del alumnado, de su problemática social y familiar, poseen técnicas y disponen de herramientas para intervenir en situaciones de violencia, maltrato y desprotección del alumnado. Son reconocidos como referente por el profesorado, por las familias y por la comunidad educativa, además de por los profesionales de otros dispositivos comunitarios, con los que trabajan habitualmente en red».
En el Consejo reprochan al gobierno «la falta de concreción en la norma, que va a suponer que se planteen perfiles diferentes en el desarrollo legislativo de cada comunidad autónoma. Es designada por la dirección del centro entre los profesionales del mismo sin que se incorpore a ningún especialista a la plantilla, sin concreción del tiempo de dedicación y sin formación previa». Señalan que la implementación de esta figura profesional «sin dotación presupuestaria ni de personal, es dar una respuesta parcial ante las problemáticas crecientes que afectan a la convivencia y supone barreras para que el alumnado disfrute de una educación de calidad, en igualdad de oportunidad y de protección ante posibles desventajas».
En el Consejo reprochan al gobierno «la falta de concreción en la norma, que va a suponer que se planteen perfiles diferentes en el desarrollo legislativo de cada comunidad autónoma»
Más contundentes aún se muestran desde la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España (COPOE). Su presidenta, Ana Cobos defiende que, con la figura del CBP «parece que se cubren las necesidades puestas sobre la mesa, pero en la práctica ni tiene tiempo en el horario lectivo para ello, ni complemento económico. Es un nombramiento vacío de tiempo». Por otro lado, critica que «no se requiere ninguna formación específica cuando sabemos lo complejo que es trabajar con niños y más en situación de riesgo social. Difícilmente las cosas pueden salir bien si no se pone ningún requisito de entrada».
En COPOE señalan que las funciones que se atribuyen al coordinador de bienestar «ya se trabajan desde siempre desde la acción tutorial. Lo que habría que hacer es reforzar los planes de acción tutorial de los centros y la presencia de orientadores que sí tenemos la formación y que somos los especialistas». Alertan de que «si una persona que se dedica a unas funciones no tiene formación, lo normal es que las intervenciones o no las haga o las haga mal o sean contraproducentes. Estamos hablando de situaciones muy complicadas, de conflicto, de abuso, de salud mental. Son temas muy delicados para no requerir una formación específica de quien lo va a abordar. Nadie iría a un quirófano con alguien que no fuera médico. Esto nos tiene perplejos».
Cobos exige a las administraciones que se lo tomen en serio: «si lo hacemos, hagámoslo bien. Para qué inventar esta figura si hay orientadores en los centros desde hace 30 años. Estamos trabajando con unas ratios orientador-alumno que triplican las recomendadas por la UNESCO. Empecemos por ahí».