Parece obvio que el orientador tenga que orientar, pero no es tan evidente en la práctica, ya que son decenas las funciones que se nos atribuyen, quedando muchas veces la orientación vocacional relegada al último puesto en las prioridades.
La atención a la diversidad es uno de los tres grandes ámbitos de la orientación, junto a la orientación vocacional y al apoyo a la acción tutorial. Cada día se hace más necesario trabajar porque todo el alumnado sea atendido en sus peculiaridades y reciba la respuesta educativa que necesita. Por ello, a medida que el alumnado es menor en edad se hace más palpable esta necesidad en aras de la detección precoz de las necesidades educativas y a las bondades que supone la pronta organización de la correspondiente respuesta educativa. Para muestra un botón, basta con recoger la opinión de cualquiera de los profesionales de la orientación que trabajan en las etapas de educación infantil y primaria, para saber hasta qué punto trabajar en la atención a la diversidad les desborda y no queda tiempo material, es más ni un segundo, para abordar cualquiera de los otros ámbitos de la orientación como son la acción tutorial o la orientación vocacional.
Esta última queda todavía queda aún más abajo en las prioridades ya que se está extendida la idea de que en estas etapas no es necesario hacer orientación vocacional porque todavía les queda mucho tiempo en la vida para tomar decisiones vocacionales. Craso error, que además puede verse contestado en cualquiera de los textos que sobre orientación vocacional y profesional se han publicado a lo largo de la historia, pues en la comunidad científica de la psicopedagogía está globalmente aceptado que la orientación vocacional debe comenzar lo antes posible, desde infantil a ser posible y trabajarse desde la identificación con las profesiones y oficios, como un juego de roles.
Los profesionales de la orientación que trabajan en infantil y primaria se ven presionados tanto por la urgencia como por la importancia de tener que detectar necesidades educativas, realizar evaluaciones psicopedagógicas y emitir informes, lo que no deja tiempo para nada más, ni siquiera para afrontar todas las demandas que un centro plantea en este sentido, pues no podemos olvidar que nuestro mundo se ha complejizado mucho en las últimas décadas y que el sistema educativo es especialmente sensible a ello, por lo que existen más niñas y niños susceptibles de presentar necesidades educativas y francamente, no se da abasto.
Dentro de esta misma sensación de desbordamiento, los problemas que tienen los profesionales de la orientación en secundaria son otros. En esta etapa, podría parecer obvio que es el momento de hacer la orientación vocacional, sin embargo, tampoco es posible. La administración y algunos equipos directivos parecen poner palos en la rueda de ese valioso recurso que es un orientador en un centro de secundaria y se empeñan en que se dedique a otras funciones distintas de orientar como son dar clases (como la nueva optativa de educación emocional), hacer guardias o implicar al orientador en mil y un programas de convivencia, salud y muchos otros cuya responsabilidad podría recaer en cualquier otro miembro de la comunidad educativa, pues son temáticas transversales que no requieren una formación específica. Adjudicar este tipo de tareas al orientador supone no valorar a este profesional como un recurso especialmente valioso, justamente por su escasez y por su cualificación especializada en psicopedagogía.
La orientación vocacional es un derecho que tiene todo el alumnado y del que parecen olvidarse quienes desoyen que en España se triplica la ratio recomendada por la UNESCO que afirma que para poder hacer una orientación de calidad la ratio de estudiantes por orientador no debe superar la proporción de 250 alumnos por profesional. La orientación educativa nació justamente por la necesidad que surgió a comienzos del siglo XX en la industrialización al tener que diversificarse las tareas, es más, la Carta Social Europea de 1966, revisada en 1996 dice textualmente: “Toda persona tiene derecho a medios apropiados de orientación profesional que le ayuden a elegir una profesión conforme a sus aptitudes personales y a sus intereses”. Este documento ha sido ratificado por el Gobierno de España mediante un instrumento de ratificación publicado en el BOE nº 139 de 11 de junio de 2021.
«Ante el reconocimiento de este derecho, no se entiende cómo en la adjudicación de recursos para un centro, como el cupo de profesorado, se dote a un centro de un orientador en secundaria, lo mismo si tiene 1000 estudiantes que si tiene 400. Esto sería impensable con cualquier otra especialidad de secundaria»
Ante el reconocimiento de este derecho, no se entiende cómo en la adjudicación de recursos para un centro, como el cupo de profesorado, se dote a un centro de un orientador en secundaria, lo mismo si tiene 1000 estudiantes que si tiene 400. Esto sería impensable con cualquier otra especialidad de secundaria, ya que el número de integrantes del departamento, por ejemplo, de lengua, matemáticas o biología que se adjudica a un centro es siempre proporcional al número de estudiantes al que van a atender. Pretender que un profesional de la orientación haga un trabajo de calidad teniendo que atender a más de 250 estudiantes en un centro, es una creencia muy cercana a la ciencia ficción.
Olvidan asimismo nuestros políticos cuando administran los recursos públicos y siguen escatimando en profesionales de la orientación, que la inversión en orientación resulta muy rentable, vayamos a los datos del propio Ministerio de Educación y Formación Profesional de 2021.
El abandono escolar temprano se sitúa en el 13.3%, es decir, el porcentaje de estudiantes que no han conseguido una cualificación, ni han seguido estudios postobligatorios entre los 18 y 24 años. Este dato se ve directamente afectado por la falta de profesionales de la orientación que podrían trabajar en el seguimiento del alumnado, especialmente del más vulnerable y que está en mayor riesgo de abandono y de fracaso escolar.
Otras cifras apoyan esta idea, tales como que el abandono en el Formación Profesional Básica es del 43.4%, en los Ciclos Formativos de Grado Medio del 39.1, en los de Grado Superior es del 38.4 y en la Universidad del 33.2 en el primer curso, si bien el 13% comienza un nuevo grado universitario. Estos son datos extraídos del Observatorio de la Formación Profesional Caixabank a partir de datos del MEFP, facilitados por Juan José Juárez de la Fundación Bertelsmann.
Siguiendo con el estudio que Juárez presentó en el XIII Encuentro Estatal de Orientación celebrado en Murcia en abril de 2023, la falta de orientadores se traduce además en un importante descalabro económico, pues que 1 de cada 3 estudiantes abandone un grado en una universidad pública supone 974 millones de euros al año, que se desglosan en 680 millones de pérdida para el Estado, más 170 millones de euros de las familias de la pública y 124 de la privada.
Siguiendo el silogismo, cabe preguntarse cuántos orientadores podrían contratarse con ese dinero que se desperdicia, repetimos: 974 millones de euros cada año y resulta que el conejo sale de la chistera como si fuera magia, pues con un simple cálculo matemático se deduce que podrían contratarse 20.500 profesionales de la orientación más en todo el Estado, lo que acercaría con mucho el número de orientadores necesarios para tener una ratio que posibilite un trabajo de calidad que haga realidad el derecho que tienen las personas a la orientación, parece obvio, ¿verdad?, pues no es magia, solo es echarle sentido común y voluntad de transformar realmente la vida de las personas.