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Pública y privada enfrentadas a cuenta del pacto educativo madrileño entre PP y Vox

  • 9-12-2021 |

    Mar Lupión

  • Los principales sindicatos instan al gobierno a eliminar el cheque guardería y a aumentar la inversión en centros públicos. Los representantes de la privada piden ayuda al ejecutivo central para frenar el cierre de escuelas.
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Mar Lupión

Las aguas están revueltas en torno a la educación infantil en la Comunidad de Madrid, especialmente desde que se conociera el pacto alcanzado por el gobierno que encabeza Isabel Díaz Ayuso y VOX para aprobar los presupuestos de la región. Entre otras muchas medidas, se ha acordado la gratuidad parcial de las etapas no obligatorias: Infantil, Bachillerato y Formación Profesional. Se pretende aumentar las cuantías de los cheques educativos y el número de beneficiarios en las tres etapas, a través de una inversión de 62,5 millones de euros. Sin embargo, hay matices: se fija un límite de renta acorde a la media del Producto Interior Bruto per cápita en la comunidad de 35.000 euros. Esto se traduce en que algo más de 18.000 familias madrileñas podrán disfrutar de ello.

Para muchos, este anuncio ha sido solo la gota que ha colmado el vaso, después de que los sindicatos denunciaran la intención del ejecutivo madrileño de eliminar el segundo ciclo de Infantil (3-6 años) de 9 de las escuelas públicas. De esta manera, los niños tendrían que matricularse en colegios de primaria o en centros concertados o privados. La reacción de los sindicatos no se ha hecho esperar. Desde UGT Madrid consideran que esto es un nuevo ataque contra la pública: «solo el 4% de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños son de titularidad y gestión pública de la Consejería de Educación, llegando al 13,3% si sumamos las de titularidad y gestión pública de los Ayuntamientos, 189 de un total de 1412 centros. La Consejería no ha construido Escuelas Infantiles públicas desde que ha asumido las transferencias educativas en 1999».

CCOO asegura que la consecuencia directa de las medidas «no va a ser mejorar las oportunidades educativas ni la educación en Madrid»

Los cheques educativos, a debate

El entendimiento entre PP y VOX no ha sido bien recibido por amplios sectores de la comunidad educativa pública madrileña. Isabel Galvín, Secretaria General de la Federación de Enseñanza en Madrid de CCOO asegura que la consecuencia directa de las medidas «no va a ser mejorar las oportunidades educativas ni la educación en Madrid, sino que supondrá una ampliación del dinero que llega de las arcas públicas a manos privadas, es decir, al negocio educativo privado. Aumentará así el alumnado cautivo que no tendrá las oportunidades que quiere tener ni las opciones que decida tener». Desde este sindicato, insisten en que el número de familias que se beneficiarán del citado cheque educativo «no alcanza para cubrir las necesidades ni la enorme demanda de plazas públicas que cada año se quedan sin cubrir en educación infantil, pero también en Bachillerato y en Formación Profesional». Hablamos de 7.600 niños, «2.800 jóvenes que quedaron fuera de institutos públicos de Bachillerato y hasta 30.000 en el caso de la FP». Una situación que califican de «gravísima y más si tenemos en cuenta de que, en los presupuestos, las construcciones públicas previstas recibirán una cuantía que no supone ni la mitad de lo que se invertía en 2009. Con esto se expresa claramente la intención del gobierno de Isabel Díaz Ayuso de dar un vuelvo a la realidad educativa madrileña y seguir ahogando la educación pública para favorecer a la privada, al margen de lo que quieran las familias, lo que necesiten los alumnos o las oportunidades que quieran o deseen tener». Auguran «más desigualdad, más segregación, más desequilibrios. Dar más al que más tiene para arrebatar oportunidades educativas a quien más lo necesita. Ese es el contenido real del acuerdo y las consecuencias del mismo son muy previsibles».

La otra cara de la moneda la encontramos, por ejemplo, en ACADE, la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada. Ignacio Grimá, presidente de su Sectorial de Escuelas Infantiles Privadas, considera que el modelo del cheque «siempre nos ha parecido muy adecuado y, en ese sentido, estamos totalmente alineados con la estrategia de la CAM en términos del modelo. El cheque permite lo que nosotros siempre hemos considerado como adecuado y es que la familia pueda elegir, no supone ninguna restricción». En cuanto a las cuantías y a los beneficiarios, señala que «los importes a medio-largo plazo nos parecen buen, pero a corto plazo van a ser insuficientes. Creemos que se puede hacer un esfuerzo para que, en lugar de llegar a 18.000 familias, se pueda hacer una apuesta superior. Se puede dar un paso más para que a corto plazo no se queden más escuelas en el camino».

Para los centros privados, lo avanzado por el gobierno de la Comunidad de Madrid les insufla algo de oxígeno en un momento nada fácil. Grimá nos explica que el contexto de la educación infantil privada «pasa por un momento especialmente complicado». Antes de la pandemia, se enfrentaban a cuestiones como «la lucha contra centros ilegales, la baja natalidad e, incluso, la falta de concienciación en la sociedad sobre la labor que hacemos». Una problemática a la que se ha sumado la llegada de la pandemia: «escuelas paradas, sin capacidad de facturación, con voluntad plena por desarrollar herramientas o programas online que permitieran ayudar al niño y a su desarrollo socioemocional y cognitivo a distancia, pero que no se pudo hacer».

ACADE: «es discriminatorio que este dinero se focalice exclusivamente en la pública teniendo una red privada que ha demostrado su calidad y que, por factores ajenos a nosotros, está sufriendo muchísimo»

La privada pide ayuda de los fondos europeos

Todo ello, con el gobierno central a la espera de que las comunidades acepten los 660 millones de euros de fondos de la Unión Europea destinados a crear 64.000 plazas públicas de educación infantil de 0 a 3 años. Una inyección que busca aumentar la escolarización en edades tempranas. En el curso 2019/2020, la tasa de escolarización en el primer ciclo era del 41,1%. Una cifra que se desplomó hasta el 36% (80.000 niños menos) durante el curso pasado, debido a la caída de la natalidad, al miedo al COVID-19 y a la pérdida de empleo de muchos padres. Varias comunidades, entre ellas Madrid, ha expresado su intención de que esa inversión se pueda aplicar también a los centros privados y concertados.

Desde ACADE creen que «es discriminatorio que este dinero se focalice exclusivamente en la pública teniendo una red privada que ha demostrado su calidad y que, por factores ajenos a nosotros, está sufriendo muchísimo. No estamos en contra de la educación pública, sino que pensamos que ambos modelos pueden coexistir». De hecho, ya han planteado al Ministerio de Educación una batería de propuestas que tiene como punto de partida «que la creación de 64.000 plazas no se limite a la pública y se pueda tener en cuenta a la privada. Esto haría que las decisiones de las comunidades autónomas puedan ser más ambiciosas. El objetivo de todos es incrementar la tasa de escolarización de 0-2. No queremos quedarnos en la mera ayuda a la conciliación, sino ver el impacto que tiene en los más pequeños. Por eso pedimos al gobierno que lo reconsidere porque al final es el punto clave, es una medida que nos está dejando fuera y que nos está discriminando. Que tengan consideración y empatía con un sector, además, tan feminizado, con tantas mujeres que pueden perder su trabajo. Adoptar esta decisión incluyendo a la red privada va a permitir que se cumplan los objetivos de escolarización y conciliación y que ambos sectores crezcan».

Sobre este asunto también habla CCOO, que cree que lo pactado por Ayuso y la presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, «está pensado precisamente para contrarrestar los efectos que podrían tener los fondos enviados desde Europa, destinados a reforzar la educación pública por ser compensadora y garante de la equidad al objeto de corregir los problemas estructurales de España y en particular Madrid. Con este acuerdo buscan que todos los incrementos del presupuesto se destinen a la red privada, porque están obligados a destinar esos fondos europeos a la pública». Además, advierte de que «está por ver si esos fondos se ejecutan porque hay precedentes en esta cuestión. Los fondos del Plan Educa3 durante el gobierno de Zapatero, no se ejecutaron y se devolvieron 30 millones de euros».

Una etapa clave para los niños

En lo que todos se ponen de acuerdo es en la importancia de las etapas tempranas para el desarrollo de los más pequeños. María del Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, defiende que la educación infantil «es la base de todas las etapas educativas. Es fundamental y allí se pueden realizar detecciones precoces de cualquier tipo de dificultad en los procesos de desarrollos. En cuanto se detectan, se derivan a atención temprana. Es crucial y fundamental en la vida de los niños, aparte de ser un momento de equidad y de igualdad de oportunidades para niños y niñas, siempre y cuando hablemos de las escuelas infantiles públicas».

Ignacio Grimá, por su parte, hace referencia a que «en estos primeros años es cuando se produce la mayor actividad sináptica, cuando se produce la mayor estimulación neuronal, la mayor conexión entre neuronas, sobre todo que se genera en base a una mayor estimulación. Por tanto, este momento es clave para el desarrollo cognitivo del niño. Tiene unos beneficios enormes. Además, a niveles emocionales, empezar a trabajar desde bebés es buenísimo. Hay muchos proyectos orientados a 0-3 que buscan que el niño reconozca e identifique las emociones».

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