El 72% de los fondos extraordinarios del Gobierno y las Comunidades autónomas destinados a educación se destinaron a medidas para adaptar los centros educativos a los protocolos Covid en el curso 2020-2021, lo que se traduce en 2.373 millones de euros o 206,10 euros de media por estudiante.
Este es uno de los datos recogidos en el informe del proyecto Cole Seguro, de la Plataforma de Infancia y Political Watch, titulado 'La adaptación a protocolos Covid-19 en un curso escolar atravesado por la pandemia: análisis de la inversión realizada'.
Según explica el presidente de la Plataforma de Infancia, Carles López, esta inversión se ha destinado principalmente a medidas para garantizar la presencialidad, "indispensable para asegurar un acceso equitativo al derecho a la educación".
En concreto, se ha empleado en reforzar los servicios de limpieza, adquirir material de protección personal, contratar docentes para reducir el número de estudiantes por aula, personal para coordinar la implementación de los protocolos o en realizar obras en los centros para adaptar los espacios, añade López.
Según el informe, al final del curso escolar 2020-2021, tres de cada cuatro familias manifestaron que en sus centros se habían seguido respetando las medidas Covid impuestas por las autoridades sanitarias desde principios del curso, incluso un 16% indicó que estas habían aumentado en los últimos meses del curso. Por su parte, sólo un 9% de las familias señaló que las medidas de adaptación a los protocolos se habían relajado. Estos datos son homogéneos, sin grandes diferencias por tipología o ubicación del centro educativo, según el informe.
Por regiones, la adaptación a protocolos Covid ha recibido diferente prioridad presupuestaria. Las comunidades autónomas que más prioridad han dado a esta han sido Cantabria, que ha destinado un 88,1% respecto al total de fondos adicionales destinados a dar respuesta a la crisis provocada por la Covid en el ámbito educativo, y la Rioja, que ha destinado un 84,5% sobre el total de inversión adicional. Por el contrario, las comunidades autónomas con menor inversión en esta partida han sido Melilla (un 46,1%) y Cataluña (un 50,1% sobre el total de inversión adicional).
Con el objetivo de reducir el número de estudiantes por aula, el grueso de la financiación adicional para la adaptación al Covid en el ámbito educativo se ha destinado a la contratación de personal docente. De hecho, siete de cada diez euros adicionales invertidos en educación durante el curso 2020-2021 se han destinado a esta partida, aunque esta proporción no es homogénea en todas las comunidades. Oscila entre un 77% de fondos destinados a la contratación de personal docente en La Rioja sobre su inversión adicional total o un 70,6% en Cantabria, a un 25% en Galicia o un 22,6% en Melilla.
"La contratación de personal docente adicional ha tenido muy buena acogida por parte de las familias en España, entre quienes más de la mitad consideran que reducir el número de estudiantes por aula ha mejorado la calidad de la educación (54%)", explica Javier Pérez, director de Political Watch. "Aunque, cabe destacar que un 11% de las familias consultadas consideran que esta medida ha traído otros problemas como la fusión de grupos con estudiantes de diferentes edades", agrega.
El informe pone de manifiesto también que la mitad de los niños han visto alterado su derecho al descanso en el centro escolar durante el curso 2020-2021. En el 3% de los centros educativos no se pudo salir al patio durante la hora del recreo. En un 47% no se pudo salir todos los días, sino por turnos durante la semana. Para el 3% de quienes sí pudieron salir al patio, el tiempo de recreo se redujo con respecto a cursos anteriores.
La adaptación a los protocolos Covid para atender las medidas sanitarias ha tenido consecuencias no sólo sobre el funcionamiento de los centros a nivel organizativo y en el aula, sino también en la salud mental y el bienestar emocional de los niños. El uso de mascarilla, el estrés por contagiarse, las cuarentenas por positivos cercanos, la reducción del tiempo de descanso, la posibilidad de salir al patio y de jugar y relacionarse con otros niños o la suspensión de actividades extraescolares han supuesto un reto para el bienestar de la infancia durante el pasado curso escolar.
"Es reseñable que cuatro de cada cinco familias a las que hemos preguntado consideran que las medidas que se han tomado pueden impactar negativamente en la salud mental y bienestar emocional de los niños y niñas", asegura Pérez. Y, a pesar de ello, en ningún territorio se han encontrado evidencias de ejecución presupuestaria relativa a programas para apoyar la salud mental y bienestar emocional de niños y niñas durante el curso anterior, lamenta.