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El TC estudiará la constitucionalidad de la Ley Celaá al admitir a trámite los recursos de PP y Vox

  • 20-4-2021 | Agencia Europa Press
  • El recurso, de 90 páginas, impugna 16 artículos (1, 8 bis, 10,12, 16, 17, 27, 28, 29, 50, 55 bis, 56, 78, 81 bis, 83 y 89) y dos Disposiciones Adicionales (la Tercera y la Cuarta) de la Ley Celaá, por entender que vulneran la Constitución española.
Normativa aplicada
Ir a Norma Constitución Española de 27 Dic. 1978
Ir a Norma LO 3/2020 de 29 Dic. (modifica la LO 2/2006 de 3 May., de Educación)

El Tribunal Constitucional estudiará la constitucionalidad de nueva Ley educativa, la LOMLOE, también conocida como Ley Celaá, al admitir a trámite los recursos de PP y Vox contra la LOMLOE, también denominada Ley Celaá, según han informado a Europa Press fuentes de este órgano.

Los 'populares' presentaron su recurso, junto con Unión del Pueblo Navarro (UPN), el pasado 29 de marzo, y el presidente del PP, Pablo Casado, calificó la norma como "un atentado contra la libertad", y considera que va también contra la calidad del sistema y la unidad del mismo.

El recurso, de 90 páginas, impugna 16 artículos (1, 8 bis, 10,12, 16, 17, 27, 28, 29, 50, 55 bis, 56, 78, 81 bis, 83 y 89) y dos Disposiciones Adicionales (la Tercera y la Cuarta) de la Ley Celaá, por entender que vulneran la Constitución española.

Los 'populares' creen que la norma impide la libertad de elección de centro educativo, para escoger la enseñanza concertada y la educación especial para niños con discapacidad. Además, consideran que ataca al castellano como lengua vehicular en toda España" y critican que permita "pasar de curso con más asignaturas suspensas, incluido las troncales".

Por su parte, Vox presentó su recurso el pasado 25 de marzo porque consideran que la norma ataca la enseñanza concertada, la educación religiosa, la educación diferenciada y los centros de educación especial, y también denuncian el carácter excluyente del castellano como lengua vehicular en la enseñanza.

Los de Abascal también critican que durante la tramitación de la ley "no sólo han dejado de oírse en ambas cámaras legislativas a los colectivos afectados", sino que "ni siquiera se ha solicitado informe a los principales órganos consultivos del Estado, como el Consejo de Estado o el Consejo Escolar".

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