«Si algo es considerado socialmente necesario, tiene que ser posible», decía Juan Carlos Tedesco hace más de una década en un artículo que, como bien nos recuerda Mariola Lorente en este monográfico, llevaba por título el premonitorio «¿Por qué son tan difíciles los pactos educativos?» (1) .
A pesar de que existe un amplio consenso social sobre la necesidad de un acuerdo educativo que nos permita hacer frente a los retos de la actual sociedad del aprendizaje, parece que no somos capaces de lograrlo. En el tiempo que ha pasado entre el momento en el que empezamos a trabajar en este monográfico y su publicación se ha desvanecido la oportunidad y, para muchos, la esperanza de un pacto por la educación a nivel nacional. No está de más recordar que, a pesar de que ha habido varios intentos, el último pacto educativo en nuestro país se remonta a hace cuarenta años, al artículo 27 de la constitución, que algunos han denominado el pacto escolar constituyente (2) . Un pacto que, aunque trató de cerrar una contienda histórica, cuyos orígenes se remontan a mediados del siglo XIX, entre los principios de igualdad y libertad, entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, pronto se vio que no se extendería a su aplicación. Un pacto que, lejos de traernos estabilidad legislativa, se ha traducido en once leyes de educación en los últimos cuarenta años y que parece confirmar la sospecha que expresaba Manuel de Puelles cuando se preguntaba si no sería la educación el campo propio de la disputa política y el espacio en que brilla triunfante el disenso (3) .
El debate educativo real ha sido casi inexistente. Y ha estado situado, casi siempre, en las trincheras con temas, sino secundarios, sí poco relevantes desde el punto de vista estrictamente educativo. Cada vez más distante de lo que sucede en las aulas y de las transformaciones que la educación está experimentando en el mundo y son cada vez más necesarias. Nuestro país se ha caracterizado por un debate educativo vinculado a la política de la educación, a los enfrentamientos de los partidos mayoritarios, y por la ausencia real de debate sobre políticas educativas.
Pero lejos de querer instalarnos en la retórica del fracaso y la melancolía de la dificultad, lejos de dar por buena nuestra incapacidad de despegarnos del pasado para acordar las bases del futuro de la educación (Mariano Fernández-Enguita), hemos querido mostrar, desde un escepticismo optimista, como dice Fernando Trujillo, lo mucho que se ha logrado (Pepe Moya, Nuria Rueda) y también lo que ya está sucediendo y lo que no debemos dejar de hacer (Mariano Fernández-Enguita, Fernando Trujillo, Alfredo Hernando, Joaquín Rodríguez, Santiago Atrio y Javier Valle).
El acuerdo social y profesional sobre la necesidad de la transformación educativa es hoy lo suficientemente amplio como para extender al conjunto del sistema educativo los procesos de cambio que ya se están produciendo, liderados por miles de docentes, en cientos de centros educativos. Hay un enorme y real interés social por dialogar sobre educación y por contribuir a su transformación. Interés que está condicionado por la falta de espacios en donde el debate educativo se produzca sin manipulación.
Necesitamos redefinir el mapa del debate educativo, liberándolo de sus inercias, ampliando sus escenarios, aumentando los temas de debate e integrando nuevos participantes y nuevas voces. No olvidemos, como sostenía Tedesco (4) que el pacto no es un instrumento válido en sí mismo, sino que constituye un procedimiento consistente con un proyecto social basado en la idea de construir una sociedad equitativa y dinámica.