El Gobierno acaba de poner números a una vieja promesa: 22 alumnos por aula en Primaria y 25 en Secundaria. Un simple par de cifras, pero con un enorme peso simbólico. El Ministerio de Educación quiere convertirlas en ley, confiando en que sean el punto de inflexión para aliviar la saturación de las aulas y, quizá, devolver algo de oxígeno a un sistema educativo que lleva años pidiendo aire.
La propuesta, presentada a principios de octubre de 2025, llega envuelta en titulares y expectativas. Se vendería como una de las grandes reformas para «reforzar la LOMLOE» y mejorar la calidad educativa.
Hasta ahora, la normativa permitía grupos de 25 en Primaria y 30 en la ESO. En algunos centros —sobre todo en las grandes ciudades— las aulas estaban literalmente al límite, con pupitres pegados, apenas espacio para moverse y un profesor intentando atender a todos. El cambio pretende aliviar ese peso invisible que sienten tanto los docentes como los alumnos: el de no poder llegar a todo, el de no tener tiempo para mirar a cada estudiante a los ojos.
El Gobierno asegura que la bajada será gradual. Primero se aplicará en los colegios con mayor vulnerabilidad social o más alumnado con necesidades educativas especiales, y después se extenderá al resto. Además, los estudiantes con adaptaciones curriculares significativas contarán como dos plazas en el cómputo total. Es una forma de reconocer, por fin, que la diversidad en el aula exige más tiempo, más atención y, sobre todo, más manos.
La medida empezará a desplegarse a partir del curso 2026-2027 en los primeros niveles de Primaria y se completará hacia 2031-2032, si todo sale según el calendario previsto. No es una reforma exprés, sino una apuesta de fondo, casi una maratón educativa.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional calcula que este ajuste beneficiará especialmente a los centros públicos y a los concertados que concentran mayor diversidad. «Menos alumnos significan más oportunidades de aprendizaje», repiten desde el equipo de la ministra, aunque reconocen que el reto no es menor: habrá que contratar miles de nuevos docentes, ampliar espacios y reforzar la inversión en infraestructuras.
La verdad es que detrás del titular «22/25» hay mucho más que un número. Hay una filosofía: la de apostar por una enseñanza más humana, más pausada, donde cada niño o adolescente no sea solo un expediente. Donde un profesor pueda detectar una mirada perdida o celebrar un pequeño avance sin sentirse desbordado.
Además, la propuesta del gobierno admite que estudiantes con necesidades educativas especiales contarán como dos plazas en la ratio, para garantizar que esos grupos sean aún más reducidos. Esa medida empezaría antes que el resto, en septiembre de 2026.
Para quienes celebran la iniciativa, los beneficios son claros (al menos en teoría). Con menos alumnos por aula:
- • Un docente puede observar más rápido quién se desconecta.
- • Pueden desplegarse tutorías y apoyo individual con menos urgencias.
- • Los estudiantes con dificultades no quedan «ocultos» en la masa.
- • Se mejora la convivencia y disminuyen conflictos disruptivos, dicen estudios sobre intervención en aulas pequeñas.
Eso sí: los efectos no están garantizados. En muchas investigaciones se advierte que reducir el tamaño de clase solo mejora resultados si:
- 1. Se acompaña de buena formación docente.
- 2. Hay recursos pedagógicos adecuados.
- 3. Se mantiene durante tiempo.
- 4. No se da a costa de otros recortes en apoyo educativo.
Según el informe Education at a Glance 2025 de la OCDE, la media de tamaño de clase en Primaria en los países de la OCDE es de unos 21 alumnos por aula.
También el portal oficial «Class size and student-teacher ratios» de la OCDE señala que, promedio, hay 14 estudiantes por profesor en Primaria y 13 en secundaria inferior, aunque estas cifras son ratios alumno/docente más que número de alumnos por aula.
La mayor tendencia a la baja se observa en la educación pre-primaria. En promedio, la ratio de niños por docente en los países de la OCDE se redujo de 15:1 a 13:1 entre 2013 y 2023, una mejoría significativa impulsada en gran medida por la expansión y la inversión en servicios de cuidado infantil.
La OCDE destaca el papel crucial del personal de apoyo (auxiliares de maestro). Al considerar a todo el personal en contacto con los niños, la ratio baja considerablemente, permitiendo una atención más individualizada.
A medida que los estudiantes avanzan, el número de alumnos por aula tiende a crecer:
- • Educación Primaria: La ratio media de estudiantes por profesor se sitúa en 14:1. Sin embargo, el tamaño medio de la clase se mantiene estable en 21 alumnos por aula, una cifra que no ha variado sustancialmente en la última década.
- • Educación Secundaria: Tanto en secundaria inferior como superior, la ratio estudiante-profesor promedia 13:1, ligeramente inferior a la primaria. No obstante, el tamaño medio de las clases en la secundaria inferior se eleva a 23 estudiantes.
Esta progresión refleja la dinámica de los sistemas educativos, donde a menudo las clases se vuelven más numerosas a medida que se avanza en los niveles de enseñanza.
El informe subraya que tanto el tamaño de las clases como la ratio docente-alumno son indicadores cruciales que impactan directamente en el gasto educativo (especialmente en salarios del profesorado) y la calidad de la enseñanza.
Aunque la evidencia sobre su impacto directo en el rendimiento académico es «mixta», muchos países priorizan la reducción de las clases, especialmente en zonas desfavorecidas, como una estrategia clave para combatir la inequidad y mejorar las condiciones de aprendizaje. Pese a los promedios, la disparidad es acentuada: mientras algunos países de la OCDE mantienen aulas con menos de 20 alumnos en secundaria, otros, como Chile y Japón, superan los 30, lo que plantea interrogantes sobre la equidad y la capacidad de ofrecer una atención pedagógica diferenciada.
Esto sugiere que muchas naciones ya trabajan con aulas más reducidas que las que hoy propone España, o al menos están más cerca de ese ideal.
José Luis Valero Marrón, Gabinete Técnico de Enseñanza de UGT-Servicios Públicos, considera importante abordar juntamente con la reducción de ratios la disminución del número de alumnos y grupos asignados a cada profesor. Afirma que el número de alumnos establecido por aula no es un indicador real del alumnado total que atiende un docente. Por lo tanto, indica, se hace necesario, como indicador de calidad, la disminución del número de alumnado que atiende un docente.
El representante de UGT detalla que para llevar a cabo esta medida es necesaria «una revisión de la distribución horaria semanal y del número de alumnos y grupos asignados a cada profesor, así como la ampliación de las plantillas de los centros educativos». Añade que habría que buscar mecanismos que pudiesen combinar reducciones en ratios y horario lectivo que implicasen la reducción efectiva y real del número de alumnos de los que tiene que hacerse cargo el profesorado.
Situación de España hoy
- • En el anuncio oficial del Ministerio de Educación, se señala que actualmente la ratio práctica es de 20,9 alumnos en Primaria, 24,4 en ESO y 25,3 en Bachillerato (datos del curso 2021-22).
- • En el mismo anuncio, se admite que la propuesta «22/25» implicaría bajar los límites legales en centros con alta vulnerabilidad o con más alumnado con necesidades especiales.
- • Además, un análisis de Funcas señala que, gracias al descenso de natalidad y al aumento del número de docentes, la ratio alumnos/profesor en España ha ido disminuyendo: en 2011-12 estaba en 12,1 alumnos por docente, y en cursos más recientes se ha acercado a 11,1 en los centros públicos.
Estos índices alumna/profesor sugieren que, al menos en carga docente global, España no parte desde un desierto total. Pero la clave no es solo profesores totales, sino cómo se distribuyen en aulas y cómo se aprovecha su trabajo.
Francesc Nogales, maestro de Educación Primaria con una destacada trayectoria en innovación pedagógica y elegido el Mejor Profesor de Primaria de España en los Premios Educa Abanca, sostiene que la reducción de las ratios de alumnos por clase ya no es una necesidad, sino una «obligación» impuesta tanto por la baja natalidad como por las crecientes necesidades del alumnado.
El experto recuerda que, si bien en el pasado existían grupos de 30 o 35 estudiantes, el contexto ha cambiado drásticamente. Explica que hoy los alumnos presentan períodos de atención muy cortos, consecuencia de la sobreestimulación por redes sociales y contenidos audiovisuales, unida a una alimentación hipercalórica con exceso de azúcares. Por estas razones, la atención individualizada resulta extremadamente difícil. Concluye que la reducción de la ratio es ya una obligación impuesta por la falta de natalidad y la complejidad del alumnado actual.
Por su parte, José Antonio Expósito, quien fue profesor, jefe de estudios y director del instituto Las Musas, en San Blas (Madrid), y que revolucionó las instalaciones, el método de enseñanza y la forma de relacionarse con los alumnos en 20 años, declara que la medida tendría que haberse aprobado veinte años antes.
Según su opinión, se habían quedado cortos, sobre todo en Primaria. Afirma que una maestra no puede atender con calidad a tantos niños tan pequeños. Y añade que esto es especialmente cierto si coinciden en una clase varios niños que no saben español, otro de una minoría étnica, un TDAH y un autista.
Asegura que esta situación es muy frecuente en las aulas de las escuelas públicas de cualquier barrio. No obstante, lamenta que no se quisiera ver esta realidad que abordan cada día maestros y también el profesorado de Secundaria.
En esta misma línea, la Confederación de AMPAS, AFAS y FAMPAS de la Comunidad de Madrid (CONFAPA MADRID) valora positivamente la propuesta de reducir las ratios a 22 en Primaria y 25 en Secundaria. La entidad sostiene que esta es una demanda que llevan años defendiendo y perciben que el número actual de alumnos por aula impide una atención personalizada, ya que, como afirman: «Mayor número de alumnos, menor atención».
CONFAPA señala la falta de recursos como el principal problema que deriva en todas las demás carencias del sistema, y destaca que una mayor inversión implica más centros, más aulas y, consecuentemente, más personal de apoyo y orientación. Sobre la sostenibilidad, la presidenta Blanca Cabrera recuerda que la educación es un servicio público que debe garantizar universalidad, gratuidad y calidad, y considera esta inversión como un modelo eficiente y sostenible si existe voluntad política.
La Confederación denuncia que la escuela pública se está deteriorando a pasos agigantados y que la escuela privada fomenta la desigualdad. En este sentido, asegura que los estudiantes de centros públicos sufren una mayor exigencia que quienes proceden de la privada, los cuales a menudo salen con «notas infladas que condicionan el acceso a la universidad».
Para revertir la situación, CONFAPA insta a las administraciones a cambiar su mentalidad y a buscar consensos para unas leyes de educación no ideológicas. Su principal exigencia es clara: reclama una mayor inversión en la educación pública, al menos del 5% del PIB, con el horizonte de alcanzar el 7%. La entidad concluye que, aunque familias y docentes solo pueden evidenciar los problemas, son las administraciones quienes tienen la responsabilidad y obligación de asegurar la calidad del servicio público.
UGT considera necesario que, además de estas medidas generales, se tengan en cuenta reducciones adicionales para cumplir con lo que recoge la LOMLOE en relación con la equidad y la atención a la diversidad.
En consonancia con la propuesta del Ministerio, Valero Marrón señala que, teniendo en cuenta lo que ya sucede en comunidades como Navarra o Valencia, donde se hacen reducciones en centros tensionados, habría que contemplar la posibilidad de realizar «reducciones prioritarias» para centros catalogados como de especial dificultad o desempeño. El sindicato considera que se podría actualizar la denominación de los centros con mayor complejidad social y complementarla con «una intervención integral que contribuya al éxito educativo y la aplicación efectiva del principio de equidad».
Valero Marrón afirma también que, según los estudios, el tamaño de la clase es una preocupación clave, y se percibe que «los grupos reducidos suponen una oportunidad para poder ejercer una atención más personalizada y un aprendizaje más efectivo, especialmente con el alumnado en desventaja».
¿Por qué bajar ratios puede funcionar?
Reducir tamaño de clase ha sido tema de debate en política educativa durante décadas. La literatura sugiere que los efectos positivos no son automáticos, pero sí posibles bajo ciertas condiciones.
- • Un estudio académico titulado «What matters in educational performance? Evidence from OECD» analiza datos de PISA entre 2000-2012 y concluye que, controlando otros factores, menores ratios pueden asociarse a mejores resultados escolares, especialmente en los tramos más bajos del rendimiento.
- • En España, la tasa de repetición es un buen indicio de que hay alumnos que «se quedan atrás». Según el Real Instituto Elcano, España tiene tasas de repetición elevadas: 2, % en Primaria, 7,8% en Secundaria inferior y 6,5% en secundaria superior; frente a promedios de la OCDE de 1,5%, 2,2% y 3,2% respectivamente.
- • También Educación Trespuntocero, tomando datos del informe «Panorama de la Educación 2021», compara ratios: España en Secundaria ronda 25 alumnos por clase frente a 23 en la OCDE y 21 en la UE, lo que sugiere que estamos por encima del promedio internacional en esa etapa.
Estos datos indican que España no solo tiene margen para bajar ratios, sino que parte de condiciones donde muchas aulas ya están más pobladas que en otros países con mejores resultados.
Nogales indica que las ventajas son evidentes y reales. Enumera que una reducción en el número de alumnos disminuye las posibilidades de conflictos sociales, fomenta una mayor participación de todo el alumnado y garantiza una atención más directa por parte del docente. Además, permite optimizar los recursos ya existentes. Si bien reconoce que bajar la ratio solo en tres alumnos ya es un paso significativo, cita estudios que señalan que lo ideal sería establecer un máximo de 20 alumnos por aula.
Además, el profesor señala que, tal y como está el sistema ahora, se conforma con que la reducción de la ratio no conlleve una disminución de los recursos actuales. Denuncia que el sistema educativo español está limitado en recursos si se le compara con el resto de Europa, y cuestiona que las aulas sigan siendo «gélidas en invierno y saunas en verano».
Por último, Nogales asegura que la reducción de alumnos debe ir de la mano de cambios profundos en el sistema. Sostiene que es «evidente» la necesidad de un aumento de plantillas y de más recursos para el profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT). Además, urge a rehabilitar muchos edificios y a acondicionar climáticamente las aulas. Otro aspecto fundamental, según Nogales, es la revisión de los contenidos: critica el actual «currículum en espiral» porque permite bajos niveles de profundización. El problema más grave, concluye, es que no se acaban de consolidar los aprendizajes básicos, lo que se evidencia en el aumento de alumnos con graves dificultades de lectura y escritura que llegan a las universidades, un defecto de la enseñanza obligatoria.
UGT considera prioritario abordar la reducción de ratios junto con la disminución real del número de alumnos y grupos asignados a cada profesor, ya que el número de estudiantes por aula no constituye un indicador real de la carga docente total. Indica que, como indicador de calidad, se hace necesaria la reducción del número total de alumnado atendido por cada docente.
Para implementar esta medida de forma efectiva, el representante detalla que se requiere una revisión de la distribución horaria semanal y la ampliación de las plantillas de los centros. Afirma que se deben buscar mecanismos que combinen la reducción de ratios con la disminución del horario lectivo, asegurando una reducción efectiva del alumnado a cargo del profesorado.
Además, UGT considera fundamental incluir reducciones adicionales a las medidas generales para cumplir con la equidad y la atención a la diversidad recogidas en la LOMLOE. Valero Marrón señala que, en sintonía con la propuesta ministerial, se deberían implementar «reducciones prioritarias» en centros de especial dificultad o con mayor complejidad social, y sugiere actualizar esta denominación para complementarla con una intervención integral que fomente el éxito educativo y la equidad. Concluye que los estudios demuestran que el tamaño de la clase es clave, ya que los grupos reducidos facilitan una atención más personalizada y un aprendizaje más efectivo, especialmente para el alumnado en desventaja.
El Gabinete Técnico de Enseñanza de UGT afirma que es muy difícil cuantificar de forma general la cifra de docentes necesarios debido a la diversidad demográfica y las distintas políticas autonómicas. Señala que, de hecho, varias comunidades (7 en Primaria y 4 en Secundaria) ya han negociado acuerdos similares o incluso mejores.
Valero Marrón indica que, dado que muchas medidas ya están siendo aplicadas por las CCAA, el impacto en el cupo ordinario sería menor de lo previsto. Sin embargo, diferencia el cupo extraordinario, vinculado a la diversidad, el cual, según UGT, tendría un impacto considerable en la atención al alumnado. Reitera que, independientemente de las estimaciones, la ampliación de las plantillas docentes constituye una necesidad acuciante para cumplir los objetivos de enseñanza personalizada de la LOMLOE y las recomendaciones de organismos internacionales como la UNESCO.
Asimismo, afirma que asumir el coste de las ratios requiere la colaboración entre el Ministerio y las CCAA, ya que las competencias están transferidas. Subraya la necesidad de una «apuesta firme» de todas las administraciones por los servicios públicos. Critica la renuncia a fuentes de financiación, calificando de «falso» poder mantener los servicios públicos mientras se reducen o eliminan impuestos, y de «desleal» la exigencia de costes al Gobierno central tras renunciar a medios propios. No obstante, considera que es posible mantener las partidas presupuestarias si existe una voluntad política de primar los servicios esenciales, especialmente porque muchas CCAA ya implementan medidas y se está en un momento de expansión económica.
UGT cree fundamental aplicar reducciones adicionales de ratios para cumplir con la equidad y la atención a la diversidad de la LOMLOE. Valora positivamente la fijación de indicadores para centros con mayor complejidad social, citando la eficiencia demostrada por programas como Aulas de bienvenida y Compensatoria, que operan con ratios de unos 15 alumnos. A pesar de las críticas sobre la eficacia de las ratios, UGT indica que el profesorado en el aula cree que combinar reducciones en ratios y horario lectivo permitiría «hacer real el objetivo de una enseñanza más personalizada».
El representante de UGT afirma que la respuesta de las CCAA «entra dentro de lo esperado» debido a que el debate está viciado por una «estrategia de bloqueo» político contra el gobierno central. Califica de paradójico que las comunidades critiquen la medida mientras «presumen de tenerlas ya en marcha» por acuerdos autonómicos.
Valero Marrón indica que, si bien es razonable que se quejen de la falta de consulta, muchas de las medidas «suponen volver a la situación anterior a los recortes de 2010». Sostiene que algunas CCAA incurren en una política «suicida» al renunciar a ingresos propios mediante bajadas de impuestos para luego demandar recursos al Gobierno central por «infrafinanciación».
Valero Marrón también indica que UGT considera esencial combinar la reducción de ratios con la atención a la diversidad, abogando por priorizar las reducciones en las etapas obligatorias y limitando el número de alumnado con NEE por grupo a un máximo de 2.
El sindicato reclama la incorporación de nuevos perfiles profesionales (personal de apoyo, educadores sociales, administrativos) para reforzar plantillas y especializar la labor, como la coordinación de bienestar. Para ello, UGT considera necesario reducir la carga lectiva de quienes asumen estas funciones.
Afirma que contextualizar las políticas con la LOMLOE (incluyendo codocencia y formación en horario lectivo) «permitiría reducir el número de grupos asignados al profesorado».
Finalmente, UGT concluye que la mejora de las condiciones económicas es fundamental para retener al profesorado. Valero Marrón afirma que es imprescindible abordar un marco de promoción profesional que sea retribuido para reconocer la dedicación y la alta responsabilidad de la tarea docente.